Según la normativa vigente desde 2007 (y sancionable desde Enero del 2009) sobre accesibilidad web, las páginas de las Administraciones y Entidades públicas deben cumplir ciertos parámetros para garantizar que todos los ciudadanos puedan percibir, entender, comunicarse e interactuar con las mismas. El objetivo es evitar, en la medida de lo posible, las barreras digitales que puedan obstaculizar el acceso a los contenidos, productos o servicios de Internet por parte de los organismos públicos.
